Las empresas más poderosas se perfilan como insólitas partidarias de un plan global para fijar los precios del carbono, una iniciativa que podría acelerar la transición ecológica.
La compañía naviera danesa Maersk, la empresa suiza de comercialización de materias primas Trafigura y el productor de bebidas estadounidense PepsiCo se encuentran entre los cientos de empresas que instan a los gobiernos a poner en marcha un sistema global de fijación de precios del carbono para redoblar los esfuerzos por frenar el calentamiento global.
El objetivo de la fijación de precios del carbono es acelerar el ritmo de la descarbonización mediante el encarecimiento de las emisiones y el ofrecimiento de incentivos financieros a las empresas para que cambien sus prácticas y empiecen a utilizar combustibles alternativos no fósiles.
Pese a ser muy prometedora, la fijación de precios del carbono no ha logrado despegar desde que se propuso por primera vez hace casi medio siglo.
Los sistemas existentes apenas cubren una cuarta parte de todas las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de todo el mundo1. La mayor economía mundial, EE. UU., ni siquiera participa a nivel federal.
Además, los precios son demasiado bajos. El FMI calcula que, en la actualidad, el precio medio es de tan solo 3 USD por tonelada de CO2, con grandes diferencias entre regiones2.
Esto contrasta con los 100 USD por tonelada que, según la Agencia Internacional de la Energía, se necesitan para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales.
La férrea oposición de los sectores del carbón, el petróleo y el gas ha contribuido en gran medida a frenar el desarrollo de los sistemas de fijación de precios del carbono.
El American Petroleum Institute, el principal grupo de presión de los combustibles fósiles que representa a casi 600 empresas, impidió en 2009 la aprobación de una ley trascendental para fijar los precios de las emisiones de carbono en EE. UU.
Pero eso fue entonces.
Ahora, el API respalda la introducción de los precios del carbono en un cambio de orientación política de gran calado que resalta la importancia de la lucha contra el cambio climático.
Esto se suma a un anuncio similar de apoyo a los impuestos a las emisiones de carbono por parte de la Business Roundtable, un grupo de presión compuesto por 200 directores ejecutivos de, entre otras, empresas tales como Chevron y ConocoPhillips, así como de la Cámara de Comercio de EE. UU., otro poderoso grupo de presión.
No cabe duda de que estos cambios de rumbo deben acogerse con satisfacción. Pero esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué debería alguien pedir que se le cobren impuestos?
Chris Goodall, experto en energías renovables, afirma que estas compañías, que dudan en actuar solas por no arriesgarse a una disminución de su capitalización bursátil, suelen desear una normativa global en materia de carbono que afecte a todas las empresas –incluidas sus competidoras– por igual.
Al mismo tiempo, ser firmes defensoras de dicho sistema les otorga una ventaja competitiva como empresas sin emisiones de carbono.
Por ejemplo, Maersk ha reclamado que se imponga un gravamen al carbono de 150 USD por tonelada sobre el combustible de transporte marítimo que, según ellos, reduciría la diferencia entre los combustibles fósiles que consumen los buques actualmente y las alternativas más ecológicas y caras.
La empresa de transporte marítimo en contenedores más grande del mundo ha reducido su huella de CO2 en casi un 50 % con respecto a sus niveles de 2008, cumpliendo el requisito de la Organización Marítima Internacional de cara a 2030.
“Los clientes de Maersk desean poder mostrar a sus compradores la descarbonización de todos los aspectos de la cadena de suministro. Al apremiar a sus homólogos de la cadena de suministro marítimo para que acepten un precio global del carbono, incluso sin intervención gubernamental, Maersk está demostrando a sus clientes que seguir trabajando con el líder mundial del transporte marítimo con bajas emisiones no conlleva un incremento de los costes”, explica Goodall, autor de varios libros sobre sostenibilidad y medio ambiente.
“Espero que algunos sectores específicos preparen sus propuestas fiscales y actúen con más celeridad que los gobiernos o las organizaciones internacionales. Creo que este modelo se extenderá a sectores industriales tan diversos como la agricultura, el acero y la confección de prendas de vestir”.
El Banco Mundial afirma que varias empresas multinacionales como, por ejemplo, Google, Walmart y Shell, ya utilizan un “precio virtual del carbono” a nivel interno, lo cual les ayuda a incorporar las emisiones a sus cuentas de resultados, a reducir sus deficiencias en materia de carbono y a incentivar la adopción de una deriva más ecológica.
Es más, el CDP, un organismo sin ánimo de lucro que promueve la divulgación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas, sostiene que la cantidad de empresas que tienen previsto utilizar o ya utilizan un precio virtual del carbono asciende a más 2000, un 80 % más que hace tan solo cinco años. La capitalización bursátil conjunta de estas empresas supera ya los 27 billones de USD3.
Normas europeas
También se ha culpado a los precios del carbono, persistentemente bajos, de que el mecanismo no consiga motivar a las empresas a reducir sus emisiones.
Pero, también en este caso, se perciben signos alentadores.
China, el primer emisor mundial de CO2, ha puesto en marcha un mercado nacional de carbono que podría superar al de la UE como el mayor del mundo. Los participantes del mercado prevén que el precio medio será de 66 RMB/tonelada (10 USD) en 2025 antes de subir hasta los 77 RMB a finales de la década.
En el mercado europeo, el más grande y antiguo del mundo, los precios del carbono se han incrementado en más del séxtuple desde 2018 hasta alcanzar un máximo histórico en mayo (véase la fig. 1).
Y la previsión generalizada es que los precios europeos sigan subiendo.
Esto se debe a que Bruselas está a punto de ampliar su Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) en consonancia con el Pacto Verde Europeo y su nuevo objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030.
En lo que constituye la mayor reforma del mercado hasta la fecha, la Comisión quiere incluir gradualmente el transporte marítimo en el RCDE a partir de 2023 y mejorar el mecanismo para controlar la concesión de derechos de emisión de dióxido de carbono.
La reforma también endurecerá las normas sobre la obtención gratuita de derechos de emisión de carbono –cubriendo así el vacío legal que permite a las industrias contaminantes eludir el pago del coste íntegro de las emisiones.
Además, se espera que la UE proponga un mecanismo de ajuste fiscal en frontera de los gravámenes sobre el carbono, concebido para poner a las empresas de la región en igualdad de condiciones frente a sus competidoras de países con políticas de carbono menos estrictas y evitar posibles “fugas de carbono”, es decir, la deslocalización de empresas a naciones no europeas en busca de unas normas más laxas en materia de emisiones.
La reforma, que se introducirá gradualmente a partir de 2023 para pasar a entrar plenamente en vigor en 2026, será aplicable a las industrias del acero, el hierro, el cemento, los fertilizantes, el aluminio y la electricidad.
Goodall afirma que el sistema de aranceles en frontera sería sencillo de aplicar para los importadores de energía y que representa el primer paso hacia un impuesto global sobre el carbono.
Sin embargo, el plan podría fracasar en el caso de los productos manufacturados, dada las diferencias en la intensidad de carbono de los procesos de producción, añade.
“Será extremadamente complejo comprobar la verdadera huella de carbono de un aparato ensamblado en China con componentes procedentes de otros diez países. ¿Se impondrán los gravámenes en frontera en función de la evaluación realizada por los propios fabricantes de la huella de carbono de un ordenador? Es poco probable, pero aún debemos averiguar cuál es la alternativa apropiada”, afirma.
Carretera a Glasgow
Es probable que el debate sobre la fijación de precios y los créditos del carbono ocupe un lugar destacado en las importantes conversaciones de la ONU sobre el clima que se celebrarán en Glasgow este mismo año, como posibles piezas clave para contribuir al logro de los objetivos climáticos.
Goodall sostiene que los precios del carbono no pueden obtener un apoyo más amplio si los responsables de las políticas económicas dejan de lado la dimensión social de tales medidas.
Según él, el impuesto fracasaría si se suma al coste de vida neto de los hogares más pobres, para los que la energía supone una parte relativamente grande de sus presupuestos. En su lugar, explica, el gobierno debería devolver la recaudación a la población en forma de deducciones anuales –como en el caso de la política adoptada por Canadá.
“Los problemas de equidad social derivados de los impuestos sobre las emisiones tendrán que resolverse mediante modificaciones de la política fiscal general. Por ejemplo, un impuesto sobre el gas natural en el Reino Unido tendrá que ir acompañado de medidas redistributivas, como pagos per cápita, a los hogares más pobres”, afirma Goodall.
“Cada persona podría obtener 1000 USD, por ejemplo. Esto significaría que, en caso de número reducido de individuos, el impuesto recaería en mayor medida sobre los más acomodados y las personas que, por ejemplo, no viajan en avión serían las claras beneficiarias netas”.
El Banco Mundial calcula que más del 40 % de los ingresos globales procedentes de los impuestos sobre el carbono se han destinado a proyectos medioambientales; lo recaudado también ha servido para financiar recortes presupuestarios y fiscales generales, proyectos relacionados con el desarrollo y transferencias directas para hogares y empresas.
“Si queremos que el mundo siga funcionando con un sistema económico basado esencialmente en el libre comercio y que al mismo tiempo se reduzcan las emisiones a un ritmo sin precedentes de al menos el 5 % anual, es absolutamente imprescindible pactar una fiscalidad a nivel universal”, afirma Goodall.
“Esto no se producirá de forma rápida ni indolora. Creo que probablemente presenciaremos una década o más de pasos vacilantes y muy controvertidos hacia el logro de un precio uniforme del carbono en todo el mundo”.
[1] Panel de Fijación del Precio del Carbono, Banco Mundial[2] Datos de junio de 2021. https://blogs.imf.org/2021/06/18/a-proposal-to-scale-up-global-carbon-pricing/
[3] https://www.cdp.net/en/research/global-reports/putting-a-price-on-carbon
[4] Estudio sobre la fijación de precios del carbono en China, 2020
